Una pareja de jóvenes hizo pública una denuncia y material videográfico relacionado con un presunto caso de uso excesivo de la fuerza e intimidación ocurrido en la capital del Estado de México, en el cual señalan directamente a elementos de la policía estatal por accionar su arma de cargo durante una revisión vial.
Los hechos denunciados se registraron el pasado 11 de octubre sobre la carretera Toluca-Palmillas, vialidad donde policias estatales disparan a joven motociclista en Toluca luego de que los tripulantes de la unidad de dos ruedas no detuvieran su marcha tras recibir una indicación de alto.
Mecánica de la agresión en la carretera Toluca-Palmillas
De acuerdo con el testimonio difundido por los afectados, ambos circulaban a bordo de una motocicleta cuando elementos estatales les marcaron el alto. Al continuar su trayecto sin detenerse, una oficial —identificada en la denuncia como Maleny S. Martínez Mireles— detonó su arma de cargo en contra de los ocupantes, provocando que uno de los proyectiles impactara a la mujer que tripulaba el vehículo.
Según el relato de las víctimas, al percatarse de que la joven presentaba una herida producida por arma de fuego, los uniformados argumentaron que el disparo había sido un error; no obstante, procedieron a intimidar y amenazar a ambos jóvenes para evitar que denunciaran lo ocurrido ante las instancias ministeriales.
Traslado a hospital privado y falta de notificación ministerial
Con el objetivo de extraer el proyectil y evitar que el caso quedara asentado en los registros oficiales, los policías involucrados trasladaron a la mujer lesionada al Hospital París, un sanatorio privado ubicado en la demarcación. En dicho centro médico, los agentes cubrieron un pago de 85 mil pesos por concepto de intervención y curaciones,mientras que el personal hospitalario omitió dar aviso al Ministerio Público sobre el ingreso de una paciente herida de bala, incumpliendo el protocolo legal correspondiente.
Los denunciantes explicaron que decidieron hacer público el video y los pormenores del incidente recientemente debido a las amenazas recibidas y a la falta de respuesta institucional por parte de las autoridades del Estado de México, por lo que exigen una investigación formal para deslindar responsabilidades administrativas y penales contra los servidores públicos involucrados.

