La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) cumplimentó una orden de cateo en un inmueble ubicado en el municipio de Nezahualcóyotl, el cual fue plenamente asegurado y colocado bajo el resguardo del Ministerio Público al encontrarse indicios de actividades ilícitas. Durante la inspección ministerial del predio, personal pericial y agentes de investigación incautaron diversas dosis de una sustancia con características similares a la metanfetamina, así como armas de fuego, cartuchos útiles de diferentes calibres y prendas de equipo táctico operativo.
La intervención judicial se originó a partir de una denuncia ciudadana anónima que alertaba a las corporaciones de seguridad sobre la presunta comercialización de narcóticos al menudeo en dicha propiedad de la zona oriente del Valle de México. Tras recabar los datos de prueba necesarios, la representación social solicitó formalmente el mandamiento judicial a un juez de control para ingresar legalmente al domicilio y proceder al cese de las operaciones delictivas denunciadas por los habitantes del sector.
La captura del elemento municipal y las posibles sanciones penales en su contra
Durante el desarrollo de la diligencia en el inmueble, elementos de la Fiscalía estatal, en coadyuvancia con fuerzas policiales locales, realizaron la detención en flagrancia de un individuo identificado como Ossiel “N”. Las autoridades ministeriales confirmaron que el asegurado se desempeñaba como elemento activo dentro de la corporación de la Policía Municipal de Nezahualcóyotl. El investigado fue trasladado de inmediato e ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona, quedando a disposición del órgano jurisdiccional correspondiente.
De acuerdo con las carpetas institucionales, Ossiel “N” enfrenta acusaciones formales por su probable relación en delitos contra la salud, portación ilegal de arma de fuego y el uso indebido de uniformes, insignias, distintivos o condecoraciones. Con base en el código penal vigente y la información oficial, de ser encontrado culpable en las subsecuentes audiencias, el imputado podría alcanzar penalidades acumuladas que van desde los 5 hasta los 8 años de prisión por los agravantes de portación de armamento y posesión de estupefacientes, manteniéndose su estatus de inocente hasta que se dicte una sentencia definitiva.
