Un civil fue interceptado y golpeado por un grupo de ciudadanos en las inmediaciones de la colonia El Pino, en el municipio de Los Reyes La Paz, Estado de México, tras ser señalado por el presunto robo de una motoneta. Los hechos se suscitaron en el exterior de un establecimiento comercial de la cadena Tiendas 3B, donde una mujer fue despojada de su vehículo ligero. Tras percatarse de la acción, vecinos de la localidad iniciaron una persecución que culminó cuando el conductor de una camioneta particular impactó de forma controlada la motocicleta del sospechoso, provocando su caída sobre el pavimento.
Una vez derribado en la vía pública, varios residentes y comerciantes del sector se aglomeraron para propinarle múltiples impactos físicos en diferentes partes del cuerpo como medida de represalia por el presunto delito patrimonial cometido minutos antes. El vehículo que había sido sustraído ilegalmente fue recuperado en el mismo sitio por los habitantes de la zona habitacional antes del arribo de los cuerpos de emergencia locales.
La intervención de la policía municipal y la inconformidad de los habitantes
Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Los Reyes La Paz se presentaron en el lugar de la trifulca para restablecer el orden público y salvaguardar la integridad física del detenido. Durante las maniobras de contención, los uniformados intentaron asegurar al conductor de la camioneta que había embestido originalmente al presunto delincuente, argumentando la aplicación de los protocolos legales correspondientes por los daños vehiculares e impactos causados.
La acción de las fuerzas de seguridad pública generó la molestia inmediata de los colonos, quienes impidieron el arresto del automovilista argumentando que actuó en legítimo apoyo a la víctima del atraco. Los manifestantes denunciaron de manera pública una presunta recurrencia por parte de las patrullas locales para proteger o liberar a los infractores reincidentes de la colonia, por lo que exigieron el traslado directo del presunto asaltante ante el Ministerio Público local para dar inicio formal al proceso legal y deslindar las responsabilidades civiles pertinentes.
