La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) confirmó este 28 de noviembre que el coronel retirado del Ejército mexicano, José Manuel Jiménez Miranda —quien fungía como jefe de escoltas de Carlos Manzo— permanece prófugo. De acuerdo con las investigaciones, Jiménez Miranda había reclutado el círculo de seguridad personal del alcalde, conformado por ocho policías, y fue precisamente durante un operativo realizado el 21 de noviembre en Uruapan cuando siete de esos escoltas fueron detenidos. Los siete fueron vinculados a proceso bajo cargos de homicidio calificado por omisión, en tanto que Jiménez Miranda escapó antes de que pudiera ser aprehendido.
El homicidio de Manzo ocurrió la noche del 1 de noviembre, durante un acto público por el Día de Muertos en la plaza principal de Uruapan. A pesar del despliegue de seguridad que lo acompañaba, un joven sicario logró disparar contra el alcalde, quien recibió seis impactos de bala; aún con vida fue trasladado al hospital, pero falleció horas después.
La FGE señala que la investigación preliminar apunta a una posible “omisión grave” por parte del equipo de seguridad: los escoltas podrían no haber aplicado los protocolos requeridos, lo que facilitó el ataque. Por ello, además de los policías detenidos, el coronel Jiménez Miranda encabeza ahora la principal línea de indagación.
El fiscal general del estado, Carlos Torres Piña, reiteró en conferencia que la colaboración de corporaciones estatales y federales ha sido requerida para localizar al prófugo, y no se descarta la emisión de una ficha de búsqueda para acelerar su captura.
El caso ha generado indignación en Uruapan y en el estado de Michoacán. Que un funcionario encargado de la seguridad del alcalde se encuentre huido y que los escoltas que lo protegían enfrenten acusaciones de negligencia gravísima ha abierto dudas sobre las deficiencias estructurales en los esquemas de protección a autoridades. Además, el asesinato ocurre en un contexto de denuncias previas hechas por Manzo, quien había señalado públicamente extorsiones de grupos criminales a productores agrícolas y posibles infiltraciones policiacas, lo que refuerza teorías de que su muerte podría tener un trasfondo de corrupción, amenazas o conflicto con intereses criminales.
Mientras tanto, la Fiscalía mantiene abierta la carpeta de investigación, con un plazo de tres meses para integrar todas las evidencias. En ese periodo deberán esclarecerse responsabilidades, definir con claridad el grado de participación de cada implicado y garantizar que se haga justicia.
