La violencia en Michoacán volvió a escalar este martes luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum confirmara que elementos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) atacaron a militares durante un operativo en la región central del estado, agresión que desató una serie de narcobloqueos y la quema de vehículos en al menos siete puntos carreteros. Los hechos representan uno de los desafíos más directos al llamado Plan Michoacán, la estrategia federal de seguridad anunciada hace apenas una semana para contener la presencia del crimen organizado en la entidad.
De acuerdo con la información confirmada por la mandataria en su conferencia matutina, la agresión ocurrió en la comunidad de La Cantera, en el municipio de Salvador Escalante, donde fuerzas castrenses realizaban un operativo para capturar a Ángel Chávez, alias “El Camaleón”, señalado como líder de una célula criminal vinculada al CJNG. Durante la acción, integrantes del grupo criminal abrieron fuego contra el convoy militar, generando un enfrentamiento que dejó, según reportes preliminares, al menos dos presuntos delincuentes abatidos. Sheinbaum sostuvo que el gabinete de seguridad ofrecerá detalles más precisos, aunque confirmó que se trató de un ataque directo de la organización delictiva contra el Ejército.
Minutos después de este operativo, distintas células del CJNG respondieron desplegando bloqueos simultáneos en carreteras estratégicas de Michoacán. Según información recogida por el diario Reforma, grupos armados incendiaron vehículos, tomaron por la fuerza unidades de carga y bloquearon caminos con maquinaria robada, afectando la movilidad en regiones como Pátzcuaro, Salvador Escalante, Uruapan y la autopista Siglo XXI. Los criminales colocaron camiones atravesados, camionetas incendiadas y hasta autobuses secuestrados para impedir el avance de fuerzas federales, en una demostración de fuerza que buscó desafiar abiertamente al despliegue del gobierno federal.
Estos hechos ocurrieron apenas ocho días después de que la administración de Sheinbaum anunciara el Plan Michoacán, un programa de intervención federal con el que el gobierno prometió reforzar la presencia de la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina en las zonas más conflictivas del estado. El objetivo declarado fue recuperar el control territorial, garantizar seguridad en carreteras y contener la expansión del CJNG. Sin embargo, la respuesta del crimen organizado ha sido inmediata y violenta, lo que según especialistas consultados por medios nacionales evidencia la capacidad operativa y armamentística del cártel para enfrentar al Estado en confrontaciones abiertas.
Reportes locales señalan que los bloqueos criminales no solo afectaron el tránsito, sino que generaron temor entre habitantes y transportistas, quienes fueron obligados a descender de sus vehículos antes de que estos fueran incendiados. Algunos municipios suspendieron temporalmente actividades de transporte público y rutas escolares ante el riesgo de nuevos ataques. En redes sociales circularon videos y fotografías que mostraban autos en llamas y columnas de humo elevándose sobre la carretera, escenas que recordaron etapas previas de fuerte inestabilidad en la región.
La presidenta Sheinbaum, cuestionada sobre la capacidad del Estado para contener estas embestidas, aseguró que el gobierno “no cederá ante amenazas” y que la estrategia de seguridad continúa firme. Aunque evitó profundizar en la evolución de los operativos, reiteró que los detalles serán ampliados por el gabinete de seguridad, el cual ya analiza los alcances de los ataques y los puntos críticos donde se reforzará la presencia militar.
El CJNG ha mantenido durante años una disputa territorial en Michoacán contra otros grupos armados, particularmente en zonas productoras y en rutas estratégicas para el tráfico de drogas. La región es considerada uno de los bastiones operativos del cártel en el occidente del país, y las recientes acciones dejan ver la voluntad del grupo criminal de proteger a mandos clave como “El Camaleón”, cuya captura fue el detonante de la reacción violenta.
Hasta el cierre de esta nota, autoridades federales mantenían operativos en curso para retirar los bloqueos, recuperar vehículos quemados y reabrir tramos carreteros. El gobierno estatal y federal no han confirmado aún el número total de daños materiales ni si hubo personas civiles lesionadas por las acciones del crimen organizado.
Los hechos representan uno de los primeros grandes retos de seguridad para el nuevo gobierno federal, pues el desafío público del CJNG mediante ataques coordinados y bloqueos masivos pone a prueba la eficacia del Plan Michoacán y evidencia que el control territorial en la entidad sigue siendo disputado por grupos criminales con amplio poder de fuego y capacidad de movilización.
