La operación impune de al menos treinta taxis irregulares en el municipio de Tizayuca ha encendido alertas entre usuarios del transporte público, quienes denuncian la existencia de un esquema de tolerancia oficial, cobros ilegales y presunta corrupción que permite a estas unidades circular sin concesiones, permisos ni medidas mínimas de seguridad.
De acuerdo con testimonios recabados por Sonder Radio, estos vehículos operan con placas particulares del Estado de Hidalgo e incluso del Estado de México, ofreciendo el servicio de taxi de manera abierta y sin restricciones. Las tarifas que aplican van de los 90 a los 120 pesos por viaje o más, montos que rebasan de forma arbitraria las cuotas del transporte público regularizado, afectando directamente a los usuarios y a los concesionarios legales.
Los denunciantes aseguran que se trata de unidades “toleradas”, ya que su operación ocurre a plena luz del día y sin que exista supervisión, revisión o sanción por parte de las autoridades competentes. Señalan que la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Hidalgo presuntamente brinda protección a estos vehículos, permitiendo su circulación pese a incumplir de manera flagrante la normatividad en materia de transporte público.
Las irregularidades son múltiples: los taxis carecen de identificación oficial, rotulación reglamentaria, tarjetones, pólizas de seguro, controles de inspección y, en muchos casos, los conductores no cuentan ni siquiera con licencia de conducir. Esta situación representa un riesgo directo para los pasajeros y configura una competencia desleal contra los concesionarios que sí cumplen con impuestos, verificaciones y obligaciones administrativas. Bajo este mismo esquema, también operarían camionetas de transporte colectivo.
A este panorama se suma un presunto mecanismo mediante el cual quienes desean operar estas unidades deben pagar entre 40 mil y 50 mil pesos a organizaciones taxistas para obtener “permiso” de circulación. Unas de estas organizaciones estarían representadas por Carlos Aldana y Ricardo Javier, quienes se han dedicado a ingresar cada vez más taxis piratas, según refieren los testimonios; no obstante, se señala que diversas agrupaciones permiten la circulación de taxis irregulares pertenecientes a sus propios grupos.
Además, los operadores estarían obligados a pagar entre cinco mil y seis mil pesos adicionales por concepto de rotulación. De acuerdo con las denuncias, estos recursos serían utilizados presuntamente para sobornar a policías municipales de Tizayuca y a autoridades de movilidad del estado, garantizando así la impunidad y la ausencia de operativos.
Quienes adquieren este servicio para sus vehículos se les promete que en 2026 recibirán placas oficiales para operar de manera regular como transporte público individual de pasajeros, promesa que, aseguran los denunciantes, carece de sustento legal y solo sirve para perpetuar el negocio irregular.
Pese a la gravedad de los señalamientos, hasta el momento no existe un posicionamiento oficial por parte de las autoridades estatales ni municipales. Mientras tanto, la proliferación de taxis irregulares continúa, dejando al descubierto un sistema que, lejos de regular el transporte y proteger a los usuarios, parece favorecer la ilegalidad, la corrupción y la impunidad en Tizayuca.
