La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y la Secretaría de Seguridad estatal (SSEM) aseguraron un centro de rehabilitación en el municipio de Chimalhuacán tras registrarse el homicidio de un interno. El encargado del lugar, identificado como Luis Enrique “N”, intentó ocultar el crimen asegurando a los policías municipales que la víctima había fallecido tras sufrir una caída accidental mientras se bañaba.
Las investigaciones ministeriales echaron abajo la versión del accidente y determinaron que el paciente fue agredido a golpes por dos sujetos en distintas fechas. La primera agresión ocurrió el pasado 23 de mayo, y los actos violentos se repitieron el 27 de mayo, fecha en que los encargados obligaron a otros internos a amarrar a la víctima de pies y manos antes de trasladarla al área de enfermería, donde finalmente falleció.
El misterio de los 53 centros de tortura clausurados en el territorio mexiquense
Tras confirmarse el deceso, un juez otorgó una orden de cateo que fue cumplimentada el pasado 30 de mayo en el inmueble ubicado en la colonia Jardines de San Agustín. En el sitio se encontraban 23 personas internadas, quienes tuvieron que ser rescatadas y reintegradas con sus familiares debido a que el lugar presentaba condiciones de alto riesgo para la salud y la seguridad.
Luis Enrique “N” fue detenido e ingresado al penal Neza Bordo, mientras que un segundo implicado, identificado como Juan Carlos “N”, también fue capturado por las autoridades viales y ministeriales. De ser encontrados culpables por el delito de homicidio calificado, ambos sujetos podrían recibir una sentencia condenatoria de hasta 70 años de prisión.
Cisternas de castigo, violaciones y mano de obra esclava para hacer piñatas
La intervención en este centro destapó una línea de investigación adicional por el probable delito de abuso sexual en agravio de los internos que estaban recluidos. Las inspecciones oficiales revelaron que el personal de estos establecimientos carecía de certificaciones de salud, no contaban con permisos de funcionamiento y realizaban cobros de cuotas excesivas a las familias de los internos.
Además, la institución acreditó que los encargados ejercían sistemáticamente violencia física y psicológica contra los usuarios. Entre los castigos detectados destacaban el encerrar a las personas dentro de cisternas, raparlas contra su voluntad y obligarlas a realizar trabajos manuales forzados, como la fabricación de piñatas, bajo el argumento de financiar el mantenimiento del lugar.
Las alarmantes cifras de la impunidad en los centros de rehabilitación
Este operativo forma parte de la “Estrategia Integral para la Prevención y el Adecuado Tratamiento de las Adicciones”. Bajo este esquema coordinado entre fuerzas federales y locales, las autoridades han realizado la inspección y verificación de un total de 94 establecimientos dedicados al rubro de la rehabilitación de adicciones en la entidad.
De dichos inmuebles revisados, 53 fueron asegurados y clausurados debido a su vinculación directa con hechos delictivos, mientras que 41 locales más continúan bajo operaciones controladas. La fiscalía estatal mantiene abiertos 152 expedientes de investigación iniciados entre el 1 de julio de 2025 y el 22 de marzo de 2026 por delitos graves como extorsión, trata de personas, desaparición y lesiones vinculados a la delincuencia en el Estado de México.
