El gobierno de México anunció —este 3 de diciembre de 2025— que a partir del 1.º de enero de 2026 el salario mínimo general en el país se incrementará un 13 %, pasando de 278.80 a 315.04 pesos diarios. En la llamada Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami), donde participan representantes del gobierno, los empleadores y los trabajadores, se acordó además un incremento diferenciado para la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN): en esa región el aumento será de 5 %, de 419.88 pesos a 440.87 pesos diarios.
De esta forma, para un trabajador que laborara una jornada completa con el salario mínimo en la zona general, el ingreso mensual ascendería aproximadamente a 9,582.47 pesos. Para quienes estén en la Zona Fronteriza Norte, el salario mensual bajo el mínimo alcanzaría unos 13,409.80 pesos.
El aumento forma parte de una política de alzas sostenidas que se ha venido aplicando desde 2018; con este ajuste, el salario mínimo ha recuperado —según el gobierno— un porcentaje significativo de su poder adquisitivo, acumulando un aumento histórico en los últimos años. Las autoridades argumentan que este incremento apunta a mejorar las condiciones de vida de millones de trabajadoras y trabajadores que reciben el salario mínimo.
El ajuste no solo abarca al salario mínimo general, sino que también impactará los llamados “salarios mínimos profesionales” —es decir, los mínimos aplicables a 61 profesiones, oficios o trabajos especiales—, los cuales tendrán aumentos proporcionales conforme a la zona geográfica correspondiente.
Según las estimaciones del gobierno, esta medida beneficiará a alrededor de 8.5 millones de personas trabajadoras que perciben el salario mínimo. Además, se señala que la medida obedece a la meta de que el salario mínimo, en el marco de la actual administración, alcance eventualmente lo suficiente para cubrir lo equivalente a 2.5 canastas básicas, buscando mejorar así la calidad de vida de los trabajadores.
No obstante, pese al incremento nominal —y su defensa como rehabilitación del poder adquisitivo—, persisten dudas y críticas en cuanto a su impacto real frente al costo de la vida, inflación, precios de bienes básicos, vivienda, servicios y otras necesidades. Aunque algunos medios destacan que en recientes años estos aumentos no han desencadenado una inflación descontrolada, otros analistas advierten que el salario mínimo sigue quedado corto frente a los costos reales en muchas regiones del país.
Este anuncio se da en un contexto de retos económicos y sociales: en un país donde una porción considerable de trabajadores dependen del ingreso mínimo, decisiones como esta tienen un impacto amplio —no solo en su bolsillo, sino también en la estructura laboral, el consumo, la demanda agregada, y la presión sobre precios. Al mismo tiempo, para que el aumento logre mejoras reales en calidad de vida, muchos coinciden en que debería ir acompañada de políticas integrales: control inflacionario, apoyos sociales, mejor acceso a bienes y servicios, y regulación laboral sólida.
Al anunciar el ajuste, el gobierno sostuvo que el acuerdo se alcanzó por consenso entre los sectores involucrados (trabajadores, empleadores y Estado). El anuncio ha marcado el inicio de 2026 con una de las cifras más altas de salario mínimo diario registrado en México en décadas —una medida que puede beneficiar a muchos, pero que también abre el debate sobre cuánto puede garantizar este ingreso frente a los desafíos del costo de vida actual.
